A veces me pregunto si es útil avanzar en la
búsqueda de un pensamiento de nuevo progreso, cuando las realidades son tan
pesadas y urgentes, cuando la justicia medioambiental brilla por su ausencia y
el que termina pagando la cuenta siempre es el pueblo.
El vacío jurídico y la falta de noción de
delito ambiental nos acorralan y obligan a “costear” los problemas en vez de
tratarlos de raíz.
Los resarcimientos en las grandes catástrofes
generadas por empresas (en los pocos casos en los que los culpables fueron
obligados a hacerlo) suelen ser económicos y sigue sin discutirse el tema de
base. Necesitamos actuar sobre los causantes de la contaminación y dejar de realizar
actividades que ponen en gran riesgo a la naturaleza y, por consecuencia, a la
humanidad toda.
¿Por qué si sabemos las consecuencias irreversibles
de la megaminería en el agua, las montañas y los ecosistemas no podemos
simplemente pararlas? ¿Porqué luego de los desastres de Chernobyl o el
inmenso derrame de petróleo en el Golfo de México (donde se derramaron más de más de 594.000 toneladas de crudo en
mar abierto en el año 2010) las empresas petroleras siguen insistiendo en estas fuentes de energías en vez de estimular el desarrollo de alternativas? ¿Por qué en vez de redefinir seguimos emparchando este paradigma
del progreso exacerbado, mirando hacia un costado y seguiendo este camino como si
fuera la única opción?
El sistema
capitalista, basado en el lucro a cualquier precio, es el gran responsable del
desgaste ecológico. Las empresas toman sus decisiones sobre los costos financieros,
no sobre los ambientales. Por esta razón es que se necesita de manera urgente
que el estado tome cartas en el asunto.
Últimamente
tuvimos la posibilidad de ver un gran auge de la llamada “conciencia verde”
pero lamentablemente, en su mayoría, son distintas formas de pintar de verde la
imagen de distintas instituciones con gran apoyo de publicidades “pseudoecológicas”,
realizadas por otras empresas expertas en estrategias de lavado ecológico (greenwashing). Estas
multinacionales (petroleras, cerealeras, mineras, químicas, farmacéuticas, y
generadoras de electricidad) se jactan de acciones voluntarias, pero son las
primeras en ejercer una implacable acción de lobby cuando se trata de sancionar
regulaciones sobre sus actividades.
Las cumbres de Rio
92, Johanesburgo 02 y Río 12, no han servido más que para algunos discursos
memorables (Severn Suzuki en el ´92 y Mujica en 2012) y para que las empresas
aprovechen estas tribunas para intentar hacer olvidar su imagen de
contaminadoras bajo la oportuna bandera del World Business Council for
Sustainable Development.
Es por eso que es
tan importante unirnos, organizarnos, y juntos reclamar leyes que obliguen a
las empresas a hacerse responsables de cualquier tipo de daño que generen en el
medioambiente y en la salud de los seres que lo habitan, y lo más importante,
que sus sistemas productivos sean cerrados, sin desechos peligrosos ni
contaminantes.
No podemos seguir esperando
que las empresas tomen la iniciativa, los años han demostrado que ellas nunca
lo harán.
El pueblo unido,
jamás será vencido.
